Justicia Ordena Frenar el Aumento: Cautelar Suspende el Nuevo Esquema de Afiliación Individual del IPS que Disparó las Cuotas de Abogados

SALTA. Un profundo conflicto institucional y económico se desató en la provincia tras la firma de un nuevo convenio entre la Caja de Seguridad Social para Abogados y el Instituto Provincial de Salud (IPS), acuerdo que motivó una inmediata acción de la Justicia en respuesta a los amparos presentados por letrados afectados.

El núcleo del problema radica en la decisión de reemplazar la tradicional cobertura familiar por un esquema de afiliación individual. Esta modificación se tradujo en un encarecimiento exponencial de las cuotas para los abogados afiliados que poseen grupo familiar a cargo, con reportes de incrementos que superan el 400%, especialmente en familias con varios hijos o personas con discapacidad.

Abogados de la capital salteña y de localidades del interior, como Metán, han recurrido a la vía judicial argumentando que los nuevos valores vuelven la asistencia de salud "insostenible" y podrían derivar en el desamparo de grupos familiares vulnerables.

Intervención Judicial
 

La primera respuesta formal provino de la Sala 3 del Tribunal de Impugnación de Salta, que dictó una medida cautelar. Dicha resolución ordena a las partes abstenerse de modificar las condiciones de afiliación preexistentes para el afiliado titular y su grupo familiar, manteniendo temporalmente el esquema anterior mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La acción cautelar surgió a raíz del amparo interpuesto por el abogado Roberto Teseyra junto a colegas, quienes además expusieron el malestar del sector ante la forma en que se cerró el acuerdo. Según los denunciantes, la Caja de Seguridad Social llamó a informar sobre las nuevas condiciones en septiembre, cuando el convenio ya estaba cerrado con el IPS desde agosto, lo que generó un fuerte cuestionamiento sobre la falta de debate y consentimiento.

La Postura de la Caja
 

Desde la Caja de Seguridad Social para Abogados, presidida por Julia Toyos, se argumentó que el convenio anterior estaba "caído desde el 13 de julio de 2022" y que las negociaciones buscaron solucionar la posible pérdida de cobertura, demorada por la Intervención del IPS.

La entidad previsional sostuvo que el convenio vencido solo cubría a 234 afiliados y presentaba "montos atrasados" y dispares respecto al mercado. Destacaron que el nuevo acuerdo mantiene las preexistencias, equipara los beneficios al de cualquier empleado público y, crucialmente, permite el acceso al IPS a más de 4.000 afiliados que antes no podían sumarse debido a un padrón cerrado. No obstante, la justificación institucional no logró calmar el fastidio ante el impacto directo sobre los costos familiares.

El conflicto, que expone profundas tensiones entre los profesionales y sus entidades representativas (Caja y Colegio de Abogados), ahora está en manos de la Justicia, la cual deberá determinar si el nuevo esquema de afiliación individual es legalmente sostenible o si debe restablecerse la cobertura familiar preexistente para evitar el desamparo de cientos de familias salteñas.